El ingreso de Chile a OCDE en 2010 significó el compromiso de adecuaciones normativas y modificación de marcos legales, entre ellos el de privacidad y protección de datos. El informe del Comité de Políticas de Información, Informática y Telecomunicaciones, ICCP, señaló que pese a que Chile fue pionero en Latinoamérica en ley de datos, esta no tiene mecanismos de cumplimiento. La protección de datos resulta indispensable para el desarrollo de una estrategia digital y para atraer inversión extranjera.
En 2010 se encontraba en tramitación en el Congreso el primer proyecto de Protección de datos del gobierno de Bachelet, que subsanaba esta situación. La OCDE tuvo en consideración este avance, siendo su aprobación, condición para el ingreso y permanencia en ella. Pero en enero de 2010 éste se estancó.
En 2012, el gobierno de Piñera, presentó un segundo proyecto que se tramitó hasta octubre de 2013. En 2014, en el segundo gobierno de Bachelet, el Ministerio de Economía convocó a la sociedad civil, academia y sector privado, a hablar nuevamente de datos. Se logró un consenso sobre la necesidad de esta nueva ley. Surgió así un nuevo texto legal, del que no tenemos noticias hace más de 9 meses. Esto evidencia la relegación del tema e insuficiencia de las normas actuales de protección de datos, que permiten la vulneración sistemática a los derechos de privacidad, salud, empleo, educación, etc.
El tratamiento de datos en Chile pugna con cualquier norma internacional. No tenemos control sobre nuestra información personal, ni la posibilidad de impugnar los tratamientos indebidos no consentidos y desinformados. La ley no contempla requisitos básicos: seguridad, sanciones y el control a través de un ente especializado y autónomo. Por supuesto, también pugna con los principios y buenas prácticas promovidas por la OCDE.
Llamamos a las autoridades, no solo a presentar el proyecto de ley de datos anunciado, si no a aprobarlo con celeridad. Que no se convierta en un tercer proyecto que duerma el sueño de los justos en el Congreso.