Las organizaciones firmantes, especializadas en la promoción y defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por el anuncio relativo al monitoreo satelital para la georreferenciación de las personas en el contexto del cerco epidemiológico en Ecuador. El anuncio, realizado el 17 de marzo de 2020 por la Ministra de Interior, María Paula Romo, [1] forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, en el marco de la declaración de estado de excepción. [2]
Las tecnologías de vigilancia y monitoreo deben usarse con criterios de necesidad y proporcionalidad
Si bien las medidas adoptadas en el contexto del estado de excepción se orientan a ralentizar la propagación del virus con el fin de resguardar la salud pública, es primordial asegurar que el uso de las tecnologías de información y comunicación — especialmente tecnologías de vigilancia y monitoreo de la población — se haga con apego a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, para salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos que pueden verse negativamente impactados por estas medidas, particularmente la privacidad, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.
Así lo señalaron el 16 de marzo pasado expertas y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, precisando que los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para vulnerar derechos humanos. «Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria «. [3]
Tal como explican las expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en su comunicado, existe peligro en que, justificándose en la emergencia, se implementen medidas que significan una reducción arbitraria de las libertades públicas y que –en ausencia de marcos legales e institucionales robustos– se vuelvan permanentes ante la imposibilidad de la ciudadanía de fiscalizar su adecuación, necesidad y proporcionalidad. Es por esto que recomiendan que «para evitar que tales poderes excesivos se conecten a los sistemas legales y políticos, las restricciones deben diseñarse limitadamente y deben ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública».
La condición de salud de las personas, objeto de protección reforzada
Por su vinculación con la dignidad humana, la información respecto a la condición de salud de las personas es confidencial y personal y, con base en lo establecido en la normativa tanto nacional como internacional, debe ser objeto de protección reforzada para evitar que pueda ser utilizada en forma discriminatoria. La mayor parte de las legislaciones a nivel global consideran los datos de salud como datos sensibles dentro de su estatutos legales de protección, ya sea general o de la normativa sectorial sanitaria, y los someten a criterios estrictos de autorización para su procesamiento y a medidas más estrictas de sanción ante la vulneración de sus reglas de uso, almacenamiento y comunicación a terceros.
En Ecuador, la normativa constitucional es muy clara al respecto. Se establece en el artículo 66, inciso 11, 19 y 20, la reserva de la información personal, incluida aquella relativa a los datos de salud, que solo pueden ser difundidos por mandato legal o autorización personal. De igual manera, ley de derechos y amparo del paciente en sus artículos 2 y 4 establece el derecho a la atención digna y a la confidencialidad de la información en salud, lo que se refuerza en el artículo 61 de la ley orgánica de salud que obliga a las instituciones y profesionales de la salud a garantizar la confidencialidad de la información entregada y recibida. El código penal contiene disposiciones que tienen el objetivo de proteger la información reservada, personal y confidencial, como lo son los artículos 179 y 180, que establecen a la revelación de secreto profesional y la circulación de información restringida como delitos penales.
Considerando lo delicado de la información en salud y su carácter confidencial, cualquier medida que implique la identificación de individuos con la condición de pacientes de enfermedades específicas puede exacerbar condiciones de vulnerabilidad preexistentes y puede convertirse en una fuente directa — o colateral — de acciones de discriminación arbitraria por quienes tengan acceso legítimo o ilegítimo a esa información, creando un estigma social cuyas consecuencias pueden ser tan severas como las de la enfermedad física misma, tal como dan cuenta experiencias recientes con el desarrollo de la pandemia COVID-19 en Corea del Sur. [4] Es indispensable asegurar que la aplicación de las medidas de prevención y control de la pandemia no agrave la situación de vulnerabilidad de grupos minoritarios y personas que, por su condición económico-social u otros factores, presentan un mayor riesgo de afectación.
A tal preocupación se suma la evidencia existente sobre el alto nivel de imprecisión y falibilidad de los sistemas de vigilancia masiva, y del impacto que tienen en la seguridad personal y la privacidad de las personas debido a su nivel de intrusividad. En países que ya han reportado la utilización de sistemas de georreferenciación de su población con ocasión de la pandemia COVID-19 — incluso tratándose de sistemas no obligatorios para la población —, se han reportado errores en el sistema que permiten generar no solamente falsos positivos, sino también estigma en contra de determinados pacientes por las zonas geográficas de desarrollo de sus actividades cotidianas (por ejemplo, por encontrarse en las cercanías de barrios rojos). Además, permiten trazar vínculos entre pacientes que revelan información privada, lo que les hace susceptibles al escrutinio público, como en los casos de contagios en relaciones extramaritales o sometimiento a terapias específicas, por vía ejemplar. [5]
La falibilidad de las técnicas de georreferenciación adquiere aún mayor gravedad cuando su uso se enmarca en la facilitación de la persecución penal de individuos que infrinjan medidas de aislamiento sanitario. Por ello, se debe asegurar que los procedimientos legales en torno a personas señaladas como infractoras de las medidas establecidas en el estado de excepción y de emergencia sanitaria se realicen con apego al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos, y que la impartición de justicia se lleve a cabo de manera independiente, competente e imparcial. Cabe recordar que para que una prueba tenga validez dentro de un proceso judicial esta no debe haber ser obtenida con violación de la constitución y la ley.
Las preocupaciones aquí abordadas respecto de la utilización de sistemas de georreferenciación de pacientes infectados de COVID-19 tienen lugar incluso en países que cuentan con una normativa específica de protección de datos personales, que proveen de un marco institucional para limitar abusos en la recogida y uso de tal información. La situación tendría una mayor gravedad en Ecuador, ya que a pesar de la garantía consagrada en el artículo 66 numerales 11, 19 y 20 de la Constitución de la República, el país carece a la fecha de una normativa legal y de una autoridad técnica e independiente que permita una adecuada supervisión de que las medidas a implementarse respeten los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad compatibles con el estado de derecho.
Es indispensable proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos
Instamos al gobierno ecuatoriano a brindar las garantías necesarias para que la aplicación de las medidas de vigilancia y monitoreo no afecten a personas cuyo trabajo es esencial para asegurar el ejercicio de derechos humanos, como defensores y defensoras de derechos humanos o expertos y expertas en seguridad digital, entre otros. Respecto a ellas, desde las Naciones Unidas se ha señalado en forma categórica que las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 “no deben funcionar como una fachada para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud ni usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
Por último, es imprescindible que el gobierno ecuatoriano entregue información suficiente sobre el alcance de la medida anunciada: el tiempo que estará vigente, el tipo de tratamiento, y sobre las condiciones de acceso, almacenamiento y seguridad de la información que se recopile. Del mismo modo, deben comunicarse con claridad los protocolos que se adoptarán para evitar que terceros — dentro y fuera de la administración pública — accedan a la información recopilada y la usen con fines ilegítimos. Ello redundará en el reforzamiento del nivel de confianza en las acciones del gobierno para enfrentar la crisis, como condición esencial para la seguridad y el bienestar de la población, y proveerá un nivel mínimo de garantía de la legitimidad democrática de cualquier sistema adoptado, que asegure su deshabilitación una vez superada la emergencia.
Resulta indispensable que el gobierno ecuatoriano, que en tiempo reciente ha invertido ingentes esfuerzos en conducir a la digitalización del país, aproveche la oportunidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación para responder a la emergencia propuesta por el COVID-19 de manera compatible con los estándares del Sistema Internacional e Interamericano de derechos humanos, que forman parte del orden constitucional del Ecuador.
Organizaciones firmantes:
- Access Now
- Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
- Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM)
- Barracón Digital
- Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
- Datos Protegidos
- Derechos Digitales
- Digital Defenders Partnership (DDP)
- Fundación Acceso
- Fundación Karisma
- Hiperderecho
- LaLibre.net
- Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC)
- Mujeres de Frente Ecuador
- Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
- Taller de Comunicación Mujer (TCM)
- TEDIC
- Surkuna
- Sursiendo
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
- Usuarios Digitales
1 https://www.ecuadortv.ec/noticias/covid-19/romo-vigilancia-epidemiologico-covid19-
2 El art. 11 del Decreto Nº 1017 del presidente Lenin Moreno señala: “Para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto se podrán utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes”.
3 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E