A propósito del informe publicado por Fundación Multitudes: “Lobby Ciudadano: Desafíos y Oportunidades a Nivel Municipal” salen a la luz los retos en materia de protección de datos personales a nivel local. El estudio revela que el 83,5% de las audiencias que se piden porlobby, no caen en los presupuestos que señala la ley, entrando a la categoría ninguna de las anteriores. De ese porcentaje un 40,4% corresponden a solicitudes o consultas de beneficios sociales, donde las personas exponen sus datos personales más sensibles, esperando una solución. Estos datos son registrados, y en un elevado número, estas peticiones no corresponden a la ley del lobby. Entonces, tenemos un municipio que no es capaz de diferenciar cuando se trata de información que no es objeto de la ley, y que por tanto, cuando la almacena está tratando datos, que valga la redundancia, no está autorizado a tratar.
Usted dirá: las personas libre y voluntariamente, exponen problemas de salud, situación de pobreza, muchas veces extrema, falta de vivienda o desempleo. ¿Sabrán esas personas que todo su relato se registra y se guarda, en una plataforma disponible en Internet, abierta para todos? En una situación de vulnerabilidad ¿somos realmente libres?
Toda nueva normativa relacionada con la probidad y la transparencia pública, debe interpretarse y aplicarse de manera armónica con nuestra olvidada ley de datos personales, vigente hace largos 17 años. Entes públicos, Municipios, no pueden traspasar al ciudadano toda la responsabilidad del ejercicio de los derechos fundamentales, si no que éstos deben ser capaces de discernir cuando un tratamiento de datos es impertinente y excesivo. El lobby que pretende transparentar la agenda de nuestras autoridades, está transparentando también la vida del ciudadano, asunto que puede generar efectos indeseados como la discriminación. La clave está en capacitar, capacitar en protección de datos, antes que lamentar.