REPORTAJE CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL JOSÉ MIGUEL ZÁRATE

por | Nov 21, 2022

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El Imputado detrás de “Dekoratina”

Fundación Datos Protegidos, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales marcó un precedente en el año 2021 a través de un caso de violencia en contextos digitales, donde el único imputado, José Miguel Zárate, fue acusado de los delitos de amenaza, extorsión, sabotaje informático y difusión sin consentimiento de imágenes íntimas respecto de más de 18 mujeres chilenas residentes en diversas ciudades del país.

Los hechos imputados consistían en que el imputado tomaba contacto con las víctimas a través de un emprendimiento de desayunos sorpresa.de esa forma, hackeaba sus redes sociales, las capturaba, extraía las fotografías íntimas que encontraba y luego amenazaba a las víctimas condicionando la devolución de las cuentas a la entrega de más fotografías íntimas, luego divulgaba las fotografías entre los contactos de las mujeres vulneradas. 

El caso ha marcado un hito en la justicia nacional y en materia de derechos digitales con perspectiva de género, una problemática que debemos abogar por su profundidad y como parte de los derechos fundamentales de la vida personal y el entorno de cada una de las personas afectadas. 

Este próximo 02 de diciembre a las 09.00 horas se llevará a cabo la audiencia bajo la modalidad de videoconferencia, donde se dará a conocer la sentencia del imputado.

EL CASO : INVESTIGACIÓN Y CASO JUDICIAL :

Esta investigación se ha levantado con el trabajo y la participación de un equipo conformado por las denunciantes, abogadas, abogados, sociólogas, sociólogos y comunicadoras con la misión principal de promover la protección y la privacidad de las víctimas desde la perspectiva de género y contra la violencia a las mujeres. Este caso ha podido visibilizar las falencias en materia de ciberseguridad, la falta de capacitación a las instituciones policiales y la profundidad que debe instalar el poder legislativo y ejecutivo en materia de leyes y regulaciones del estado para entregar garantías de cuidado a mujeres y diversidades sexogenericas frente a amenazas, hostigamientos, comportamientos violentos y discursos de odio en los espacios digitales. 

“Estos hechos son sumamente graves porqué acá no estamos solamente frente a más de treinta casos de vulneración de datos informáticos y al menos 15 delitos de amenazas, sino que se tratan de hechos que presentan un disvalor adicional que es la violencia contra la mujer y esa violencia hoy no está abarcada por el tipo penal y debe construirse mediante las agravantes especialmente aquellas que dicen relación con el sexo de las víctimas o su condición sexual. Por cierto, que en este caso se encuentran plenamente acreditados los hechos imputados por lo que se espera que exista una sanción que se ajuste a la gravedad de los hechos señalados”, enfatiza la abogada querellante, Libertad Triviño. 

En el informe Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas, el mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas, definió la violencia de género digital como “Un acto de discriminación ejercido con intermediación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, a personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y a cuerpos o identidades que no cumplen con los estereotipos de género basados en directrices heteronormativas”. 

¿QUÉ OCURRE  CON LA VIOLENCIA DIGITAL DE GÉNERO EN CHILE?

Actualmente se discute en primer trámite constitucional – segundo trámite reglamentario en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que proscribe, típica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma, una de las indicaciones de este proyecto es el pago de una multa contra quien o quienes ejecuten este tipo de violencia basada en conductas de acoso, hostigamiento, explotación sexual y amenazas en espacios digitales. 

La medida de pago de multa y/o sistema permutable por servicios a la comunidad no son suficientes para el daño perpetrado hacia la o las víctimas, daño que se expresa en el ambiente personal, laboral, familiar, psicológico y físico de cada una de ellas. Se requiere instalar el debate sobre las sanciones, reparación y garantías respecto a la vida privada de cada mujer, adolescente y niñas ante la gravedad de las circunstancias y el impacto social que este tipo de violencia ha generado por el uso masivo de nuevas herramientas tecnológicas. 

¿CÓMO AVANZAMOS?

La abogada Jessica Matus, directora de Datos Protegidos, afirma que es primordial que se consagre el derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus dimensiones, y resguardar los derechos digitales desde una perspectiva de género. Ello supone garantizar a través de una legislación y un marco regulatorio institucional, la entrega de educación y acompañamiento a quienes son víctimas de estas situaciones. El combate, prevención y reparación de la violencia digital implica el deber positivo por parte de los Estados de establecer medidas legislativas y administrativas para prevenir, sancionar, reparar y en general evitar la ocurrencia de actos de violencia, así lo contempla la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Otro de los puntos que determinamos de suma urgencia es realizar capacitaciones a las policías del cibercrimen en torno al proceso de toma de denuncias por acoso cibernético, dado que durante el proceso, las denunciantes se vieron enfrentadas y expuestas al juicio de valor y a no ser atendidas oportunamente al momento de ejecutar la denuncia contra este tipo de abuso, en consecuencia, nuevamente se vulneran los derechos fundamentales de resguardo y cuidado hacia la víctima. Gran parte de las policías del cibercrimen no se encuentran a lo largo de Chile, de esta manera, no proceden a la toma de denuncias por violencia digital de género ya que no tienen como constatar la agresión, sin embargo, las denunciantes poseen el material, como las amenazas y hostigamiento efectuado por el imputado, sin embargo, la falta de voluntad al momento de accionar nuevamente queda en evidencia por parte de las instituciones policiales. 

“Nadie nos ha protegido, si no es por nuestra insistencia, sí no hubiese coincidido con Jessica Matus, tal vez no habríamos llegado a ninguna parte, a muchas se les destruyó la vida sin posibilidades de reparación como las que estamos recibiendo hoy día porque para nosotras la única posibilidad de reparación es esta, porque ni siquiera tenemos la opción de pensar que podemos realizar una demanda civil para tener una reparación económica, el Estado tampoco exige sanciones para este tipo de violencias. No tenemos garantías de nada”. Cierra una de las querellantes, agradeciendo el trabajo que se ha realizado durante los últimos meses, dando énfasis en la promoción y visibilidad que debe entregarse en casos como este para que nunca más le ocurra a ninguna.  

 

En medio de un panorama complejo post pandemia, llamamos al universo político para acelerar e instalar la discusión sobre el fomento de la educación digital con perspectiva de género, indagar y sancionar a quienes ejercer estas violencias en espacios virtuales y redes sociales, siendo principalmente atacadas vía Instagram, Twitter y Facebook, de la misma forma replantear y responder la pregunta: ¿Cómo generamos espacios de convivencia digital sanos y con garantía de cuidados para mujeres y diversidades sexogenericas que lo habitan?

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