Señor director:
El no pago de pasaje es uno de los principales problemas del transporte en Santiago. El Ejecutivo ingresó en 2015 un proyecto que modifica el registro de infractores -existente desde 2012-, haciéndolo público. El proyecto sería despachado el martes, pero volvió a Comisión justamente por infracción a los derechos fundamentales.
Los registros de morosos son una herramienta para evaluar el riesgo crediticio. Están regulados por ley y para ese objetivo. En Chile, el uso de Dicom trascendió los límites de lo ético y es utilizado para decidir la empleabilidad de una persona. El legislador tuvo que intervenir declarando ilegal exigir informes de deudas para evaluar el acceso al empleo.
Los registros deben ser la última medida, ya que almacenan información cuyo mal uso trae serias consecuencias.
En Chile, guste o no, el transporte está en manos de privados. El pago del pasaje y el contrato de transporte es una relación privada. Crear un registro público estatal y accesible a todos traspasa el problema de la evasión. El Estado, a través del Ministerio de Transportes, asume funciones que no le son propias: un registro de deudas y el peso de la evasión.
¿Esto es eficaz? ¿Es proporcional que por $ 700 una persona quede en un registro, donde el gobierno ha declarado que se espera que limite el acceso al empleo? No defendemos la práctica del evasor. Pedimos sancionarla con más eficacia y elevadas multas, y si no son pagadas que quede una notificación a registros de deudas a costa del concesionario. El Estado está al servicio de las personas y no de las empresas.
Un registro de evasores generará segregación y discriminación, efectos peores que aquellos que pretende solucionar.
Carta publicada en Diario La Tercera el 15 de septiembre de 2016