A propósito del reportaje publicado en La Tercera de este domingo respecto a la vigilancia financiera de la clase política, en toda sociedad democrática los ciudadanos tendrán legítimo interés en conocer las relaciones de las personas que aspiren a ocupar u ocupen un cargo público o alguna posición de poder. De la misma forma importará su experiencia en el ámbito privado, sus parentescos y relaciones familiares, empresariales y sociales, los que sin duda servirán para predecir la forma en que conducirá su toma de decisiones.
Este costo frente a la privacidad es evidente y necesario, en aras de favorecer la libertad de expresión que sanamente deben defender y conducir los medios de comunicación y la transparencia de la función pública sobre aquellos aspectos, vinculados a la vida de estas personas y que son de relevancia social.
¿Pero quiénes son ellos? Si bien se han definido quienes son las PEP- personas políticamente expuestas– circulan en Chile diversas bases de datos que contienen desde 2.000 a 22.000 registros, según el reportaje publicado el domingo. Un rango bastante amplio y discutible, que nace y vive en el precario marco de estándares de tratamiento de información personal de nuestro país.
Esta información, si bien proviene de declaraciones que están obligados a presentar los funcionarios, gran parte de ella se recoge de internet, a través de motores de búsqueda para construir bases de datos de personas relacionadas entre sí. Esto nos hace sospechar de la calidad de esos datos, es decir, que se trate de datos personales exactos, veraces y sobre todo actualizados. Recolectar información de la red no es condición sine quanon de legalidad pues en Internet son múltiples las infracciones y falencias que se pueden constatar en el tratamiento de datos de las personas.
En este escenario, un marco adecuado de protección de datos no es sólo una garantía para la privacidad, si no también, en el opuesto, un instrumento que da certeza a quienes desean información, a quienes tomarán decisiones, como a quienes están registrados en esas bases respecto a que estos datos no han perdido su vigencia, son certeros y confiables.
Otro aspecto relevante que plantea el reportaje es que a falta de regulación jurídica queda al arbitrio del privado que crea el registro (responsable) decidir cómo se construye esta base y quienes ingresan o no, lo que parece ser, a la luz de un principio de proporcionalidad, abiertamente cuestionable.
Por último, es el momento de “aprovechar el impulso” y corregir la legislación de tratamiento de datos y adecuarla a las múltiples aristas que impactan en ella y que darán garantía a todos los ciudadanos que estamos frente a información de todos aquellos que detentan una porción de poder y que ésta responde exactamente a su situación actual.
Carta publicada en La Tercera el 02 de marzo de 2015.
