Señor Director:
¿Quién podría negar que la búsqueda de la seguridad pública, ha abierto posibilidades inéditas en el desarrollo de tecnologías para combatir la delincuencia? Nadie.
¿Quién podría negarse a que lo protejan, si la delincuencia parece acecharnos de manera desatada? Nadie. Los municipios de Lo Barnechea y Las Condes, aprovechando las virtudes de estos desarrollos tecnológicos, nos han sorprendido con la adquisición de un millonario sistema de videovigilancia,, montado sobre unos globos aeroestáticos, que durante el día y la noche recogerán información del movimiento de todas las personas, en lugares que han sido definidos como «críticos», ya sea por el número de gente que transita y como por la cantidad de delitos que se cometen en dichos perímetros.
Pero lo cierto es, que por esos lugares circulan muchas personas con una legítima expectativa de anonimato (y privacidad) las que serán igualmente grabadas, junto a sus movimientos, hábitos y características personales, y esos datos quedarán almacenados en un sistema, que ha sido encargado a una empresa privada. Lo anterior hace que nos preguntemos ¿Es proporcional la medida de vigilancia frente al derecho a la privacidad de todas las personas? Si es así ¿Dónde está y cuál es el análisis? ¿Qué norma jurídica justifica que la privacidad se vea afectada? ¿Cuál será el indicador de éxito de estas medidas de vigilancia extrema? Respecto al tratamiento de datos ¿Quienes tendrán acceso a esas imágenes? ¿Quiénes serán los que ejecuten y filtren los primeros planos? ¿Se ha evaluado como impacta esta medida en la privacidad y libertad de las personas? ¿Quién es el responsable de la base de datos? ¿Por cuánto tiempo se almacenarán las imágenes? Son sólo algunas de nuestras interrogantes que derivan de un simple análisis de nuestro derecho al control sobre nuestros datos personales. La imagen es por cierto, uno de ellos.