En septiembre de 2017, y con gran pompa mediática, Carabineros anunciaba la detención de ocho comuneros mapuches, identificados como responsables de dos ataques incendiarios contra camiones forestales ocurridos en agosto en la Región de la Araucanía, gracias a una acción de inteligencia policial bautizada como “Operación Huracán”.
Un año más tarde, los responsables del operativo se encuentran con prisión preventiva, en el marco de una investigación por falsificación de pruebas, en uno de los episodios más bochornosos protagonizado por Carabineros de Chile en el último tiempo, que puso en evidencia las deficiencias normativas y de prácticas en materia de vigilancia.
Tras el estallido del escándalo, mucho se ha escrito sobre Operación Huracán y sus principales protagonistas, con gran parte de la discusión pública girando en torno a la falta de pericia técnica de Carabineros y sus colaboradores. Sin embargo, es necesario comprender que, más que una vergonzosa excepción, Huracán es consecuencia de un sistema normativo e institucional que no está preparado para lidiar con la compleja intersección entre tecnología e investigación criminal
Se trata de un sistema particularmente opaco, plagado de áreas legales grises y con escasas instancias de fiscalización externa efectiva en materia de servicios de inteligencia, protegido por un manto de secretismo muchas veces amparado en razones de “seguridad nacional”, que impide conocer en detalle los modos en que se opera y las herramientas que se utilizan.
Una normativa robusta y claramente delineada en torno al respeto a los derechos humanos fundamentales asegura que las actividades de vigilancia sean realizadas en todo contexto de forma proporcional, evitando que personas inocentes vean sus derechos arbitrariamente vulnerados y evitando que las instituciones encargadas de ejecutar la vigilancia, en forma legal y excepcional, ya sea bajo facultades de inteligencia o persecución penal, se vean expuestas por la acción de funcionarios inescrupulosos.
Mejorar la regulación en diversos ámbitos que implican capacidades de vigilancia, generando mayor transparencia y mecanismos de participación en torno a las operaciones de inteligencia, técnicas de investigación criminal, uso de televigilancia y sistemas biométricos, creando instancias de fiscalización respecto al modo en que la vigilancia es decidida y ejecutada, y estableciendo contrapesos orgánicos fuertes que permitan que los derechos de las personas sean respetados a cabalidad, es la única manera de asegurar un sistema justo y democrático, particularmente para aquellos grupos que han sido históricamente discriminados por su etnia, clase social, género y sexualidad.
Junto con ello, se hace fundamental la formación de los actores del sistema judicial criminal -incluyendo a jueces, fiscales, defensores y policías- respecto a los alcances y consecuencias del uso de tecnologías y sus limitantes, de modo que las decisiones que se tomen en el marco de todo proceso legal tengan una base sólida, producto de una comprensión cabal del modo en que las distintas herramientas pudiesen afectar derechos fundamentales, en razón de las características propias de su funcionamiento.
Por todo lo anterior, A través de la presente declaración, las organizaciones firmantes hacemos un llamado enfático a los tomadores de decisiones sobre la imperiosa necesidad de generar un marco regulatorio moderno y transparente, en torno a la utilización de nuevas tecnologías en una actividad tan delicada y potencialmente lesiva de derechos fundamentales como es la vigilancia estatal, con participación de la ciudadanía y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
(Imagen destacada: Derechos Digitales)
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