¿Cuánto puede influir el acceso a nuevas tecnologías en la participación política? Fundación Datos Protegidos en asociación con Tactical Tech Collective, elaboró un informe que analiza el uso de los datos personales en la última campaña presidencial y parlamentaria en nuestro país, tomando en consideración el nuevo panorama electoral y la incorporación de tecnologías que permiten medir y aprovechar el pulso de una elección minuto a minuto, seleccionar los contenidos de los mensajes políticos y la forma en que éstos llegan a cada uno de los votantes.
El análisis consideró el uso de los datos personales del padrón electoral y la información pública disponible y solicitada relativa a diversas contrataciones de servicios, tales como estudios, asesorías de propaganda electoral, perfilamiento de votantes y otros, además de incorporar entrevistas realizadas a importantes personalidades de la industria de micro targeting electoral en Chile, académicos especializados en materias electorales, y personas que participaron activamente en las campañas políticas parlamentarias y presidenciales durante el año 2017.
Entre las principales conclusiones que arroja el informe, se encuentra el profundo desconocimiento de parte de las empresas y la academia, sobre las normas que regulan la protección de los datos personales, frente a su uso para propaganda en nuestro país, ignorando que la normativa exige, por ejemplo en ciertos casos, el consentimiento como base para el tratamiento. La industria según señala el reporte al ofrecer servicios de predicción territorial de votantes, incluyen condiciones contractuales tales como el guardar los datos analizados, los cuales podrían eventualmente comercializar sin restricción para los fines que estime conveniente.
El documento también destaca la necesidad de modificar el marco legal de datos personales, de cara al desarrollo tecnológico y el equilibrio que debe existir entre la explotación de datos y los derechos de las personas. Las empresas identificadas en la investigación, hacen un uso comercial evidente del padrón electoral, vinculandolo con información obtenida de otras fuentes. El uso comercial es la venta de servicios de georreferenciación, perfilamiento, segmentación o inteligencia, mediante las cuales estas empresas obtienen ganancias. El SERVEL no lleva el control del acceso a datos personales vía solicitudes de acceso a la información, de acuerdo con lo mandatado por la ley de datos personales. Los datos, por tanto, pueden ser solicitados en su totalidad por terceros, sin fiscalizarse otro tipo de usos de la información, la que si bien es pública, no puede utilizarse con fines comerciales, ya que el uso de datos como el padrón electoral, constituye un delito penal sancionado en la ley electoral.
Dentro del informe además se detalla la pobre regulación en torno a la propaganda digital, la cual es vista solo desde la óptica del gasto electoral y su control, no en el fondo de los mecanismos y técnicas utilizadas y cómo estas pueden impactar en el proceso democrático. El instructivo del SERVEL, por ejemplo, señala que la difusión de ideas políticas en la medida que sólo se realice a una red de contactos “privada”, entendida ésta como Facebook o WhatsApp, no es propaganda, a menos que implique la contratación o pago de un servicio, lo que dejaría afuera a campañas abiertamente desestabilizadoras de votantes como el uso de fake news y dispersión de rumores acerca de uno y otro candidato con la intención de obtener nuevos electores.
Consideremos que en estos últimos años, y según información de Plaza Pública CADEM, un 60% de la población se informa a través de la televisión abierta, junto con WhatsApp (58%). Más atrás le siguen la TV por cable (55%), Facebook (48%), y Twitter (10%), lo que abre un mundo de posibilidades a la hora de incorporar nuevas formas de llegar a los chilenos y chilenas.
Descarga el informe acá: Datos Personales e influencia política en Chile
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