El mes de enero de este año, el Senador Felipe Harboe presentó una moción parlamentaria que deroga la ley 19.628 y establece una nueva ley de protección de datos en nuestro país.
Nuestra fundación, organización sin fines de lucro, sin adscripción política y dedicada a la promoción y defensa de los datos personales, colaboró desde su conocimiento y expertise técnico en la elaboración de este proyecto de ley, para lo cual redactó y estructuró el articulado del mismo. Para ello, tomó como referente el mayor estándar legal de protección de derechos existente, el reglamento europeo.
Tras su consideración y análisis, el parlamentario propuso en esta moción mantener el actual procedimiento judicial en protección de datos, pero al mismo tiempo incorporó mejoras sustanciales a la ley vigente, como acciones colectivas (hoy inexistentes), al igual que restricciones a las excepciones al consentimiento; y estableció derechos de información, impugnación de tratamiento automatizado y oposición (hoy solo limitado a publicidad), regulando los roles de encargados y responsables. Asimismo, establece evaluaciones de impacto, moderniza los principios, y fija un rango de sanciones para ser aplicadas por los jueces.
Nuestra ONG tiene la convicción de que un modelo óptimo de legislación contemplaría contar con una autoridad nacional especializada en datos, con facultades de promoción, inspección, fiscalización y, sobre todo, de sanción efectiva. Pero sabemos que, tras casi una década de discusión, no ha existido voluntad política para impulsar esta figura ni elevar el estándar de este derecho ciudadano, indispensable en la era digital.
Por eso esperamos que el proyecto se discuta en el Congreso de forma constructiva y realista entre todos los sectores, para avanzar en una legislación que haga frente a los nuevos desafíos que presenta el escenario global en el ámbito de la privacidad.