A propósito de la entrevista publicada en el Diario La Tercera en la cual el ex delegado de gobierno español- Constantino Méndez-, comenta sobre los posibles beneficios de la utilización de un software de reconocimiento facial, creemos necesarios hacer la siguiente reflexión.
Los hechos de violencia perpetrados por hinchas de clubes deportivos en distintos estadios del país, sin duda preocupan. El Gobierno de Chile ha anunciado que dentro de las medidas para combatir la violencia en los estadios, dentro del plan estadio seguro, se contempla adquirir un software de reconocimiento facial para reconocer y detectar aquellos hinchas que se han visto envueltos en posibles hechos de agresión y que tienen prohibido el ingreso a los estadios.
Esta tecnología, es una herramienta que permite la identificación mediante la captura de la imagen (la cara de una persona) a través de algoritmos informáticos. Su utilización se ha venido justificando como una alternativa de prevención de hechos de violencia. La medida es bastante discutible dada las implicancias frente a la protección de nuestra privacidad, datos y el anonimato en espacios públicos. Nos planteamos una serie de preguntas, toda vez que el software utilizará la información que se encuentra almacenada en la base de datos del Registro Civil, que contiene datos de todos los habitantes del país.
¿Puede el Registro Civil entregar esa información sin facultades expresas? ¿Es lícito ese tratamiento? ¿Cómo se obtienen las imágenes? ¿Las personas saben qué destino se les dará a sus imágenes? ¿Las imágenes serán almacenadas en bases de datos seguras? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se expresará claramente la finalidad, uso y acceso?
Sin duda, la mayor preocupación por la privacidad surge en la medida que se realiza la captura de rostros, sin previo consentimiento, para el posterior reconocimiento facial, de entre un gran número de personas. El procesamiento de la información implica que luego serán identificadas, perfiladas y contrastadas con bases de datos ya existentes, dando lugar a posibles actos de discriminación o usos indeseados.
Perder el anonimato por causa de la seguridad pública, tiene un alto costo. Seguridad y privacidad no son conceptos incompatibles. El uso desmedido de datos biométricos, fáciles de obtener y baratos de almacenar, con fines de seguridad, hace cada vez más difícil saber cómo se están usando realmente. A lo anterior se suma el hecho de que las personas no estarían siendo debidamente informadas sobre el uso de este tipo de tecnologías, en un país donde la protección de datos es particularmente débil. Creemos que tales medidas se tornan extremadamente peligrosas en una era en que abunda el “sospechoso”, lo que queda en evidencia al enfrentarse dos grandes grupos: los acérrimos defensores de la seguridad pública a toda costa y, los garantes de medidas proporcionales, necesarias y realmente efectivas cuando se trata de limitar la privacidad.