El Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública releva una problemática actual, relacionada con la circulación y difusión de hechos y datos personales en Internet, en casos sumamente dramáticos, como lo son acusaciones o informaciones de personas que posteriormente han sido declaradas inocentes.
Internet es un territorio libre y abierto y así debe mantenerse, sin embargo es necesario que en el acceso a la información se pondere con las garantías del control de la información personal, un derecho muy poco desarrollado en Chile. Pese a la penetración y uso de internet, no somos siempre conscientes que hoy nuestra identidad se reduce a datos. Estos datos circulan en los grandes facilitadores de la web: los buscadores de información, las redes sociales y los medios. Estos datos revelan, lo queramos o no, todo o mucho de nosotros, no existiendo criterios de ponderación cuando esa información es puesta ahí, por otros distintos a nosotros mismos.
Si bien tenemos una ley de protección a la vida privada, esta no se refiere a los datos en Internet y exime a la prensa de su aplicación. Sin embargo esto que pareciera desalentador frente a la información que un medio pudiera publicar de un futuro inocente, no es tal. La existencia de un órgano garante, que pueda entregar criterios para el tratamiento de los datos personales en contextos noticiosos es parte de la solución. ¿Pero de qué criterios hablamos? La trascendencia, la permanencia, la accesibilidad absoluta, y la relevancia pública de conocer los datos personales del autor de la noticia.
Sin duda transcurrido un tiempo, el tratamiento de los datos del inocente, no dará cuenta de su situación actual, su inocencia, afectándose con ello la calidad de la información que circula, generándose una cadena desafortunada de afectación de derechos como la honra, el trabajo y su buen nombre. Se trata de información que no es veraz y es obsoleta.
El cambio de legislación es necesario, es profundo y tiene que ver con la efectividad del reconocimiento de principios y reglas para el tratamiento de datos, por todos los actores, lo que se logra con el cumplimiento de las normas verificadas por autoridades de control independientes.