El día de hoy, martes 22 de enero de 2019 la situación de derechos humanos del Estado de Chile está siendo examinada por el mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El EPU es un mecanismo único que comporta la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU. Durante el tercer ciclo del EPU, se espera que los Estados especifiquen las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer un seguimiento, así como a poner de relieve la reciente evolución de los derechos humanos en el país.
Los documentos en que se basa el EPU son 1) Un informe proporcionado por el Estado 2) Recopilación de los informes de expertos de Naciones Unidas y 3) Un resumen elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre las contribuciones realizadas por actores interesados, como las organizaciones de la Sociedad Civil.
En este último punto es que Fundación Datos Protegidos y Corporación Fundamental decidieron enviar un informe conjunto abordando distintos temas relacionados con la necesidad de privacidad y protección de datos en el Estado de Chile.
En el resumen presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y que será analizado en Ginebra, se incorporó la recomendación contenida en nuestro informe conjunto y que señala lo siguiente: Se “recomendó contar con una normativa de protección de datos actualizada, que incluyera la regulación del uso de drones, globos de vigilancia y sistemas biométricos y de reconocimiento facial, y establecer una autoridad independiente de protección de datos. La JS4 recomendó a Chile que eliminara toda forma de control y vigilancia de la población en los contextos digitales”: (Núm. 58, JS30 p.15).
Asimismo, se incluyó nuestra recomendación que indicaba la “necesidad de retirar la reserva al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Núm. 14, JS30 p.7). En nuestro informe también plantéabamos la necesidad que tiene el Estado de formular normas y criterios de tratamiento de la información, accesos, eliminación, seguridad, responsabilidades y transparencia, que acompañen la implementación de tecnología, con el objeto que, con dichas salvaguardas, se eviten y eliminen sesgos raciales y sociales, este planteamiento fue incluido en la recomendación 36 que señala lo siguiente “la revisión del marco jurídico que regía las actividades de vigilancia policial y de inteligencia, asegurando que tales actividades solo se realizarán de acuerdo con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que no fueran aplicadas de manera discriminatorias contra grupos específicos, como la población mapuche (Núm. 36, JS30 p.9).
Durante el día de hoy los Estados partícipes del tercer ciclo del EPU de Chile le realizaron preguntas y recomendaciones al estado chileno y se tiene previsto que el 25 de enero a las 16.00 horas el Grupo de Trabajo del EPU apruebe las recomendaciones de Chile.
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