Señor Director:
En el mes de octubre nos enteramos con estupor del desecho por parte de una entidad bancaria, de miles de documentos íntegros, en terrenos aledaños a la comuna de Curacaví, que contenían información personal de sus clientes. Se trataba de información confidencial sobre estados de situación financieros, liquidaciones de sueldo, copias de cédulas de identidad y otros datos personales privados que las personas estamos obligadas entregar y que las entidades bancarias necesitan tratar para el funcionamiento de su negocio.
Exista o no un “contrato” entre cliente y el servicio, la ley obliga a quienes traten datos a adoptar una serie de medidas como responsable de aquellos, lo que se ha incumplido. Este hecho no puede quedar en la impunidad, particularmente porque la exposición de nuestros datos nos hace vulnerables, no solo en nuestra vida privada, sino también frente a la comisión de delitos y fraudes.
Las instituciones bancarias cuentan con todos los medios materiales, tecnológicos, de infraestructura, informáticos y humanos para, a lo menos, realizar tratamiento de datos acorde lo exigido por la ley, y con ello prestar un servicio de calidad que proteja a sus clientes, tal como lo exponen en sus propagandas publicitarias.
La ley dispone el resarcimiento de los daños a los afectados, reparación que deberán valorar los tribunales, pero no solo eso: buscamos relevar y hacer cumplir los estándares contenidos en la ley de datos en Chile que, si bien necesita urgentes reformas, deben ser actualmente cumplidos por entes públicos como privados, aunque no exista un específico órgano fiscalizador.