En las vísperas de cada elección SERVEL conforme a la Ley 20.568 esta obligado a publicar el padrón electoral con la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral en su propio sitio web. Razón por la que este año 2017 a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se ha publicado nuevamente en Internet la base de datos del padrón electoral. En ella encontramos nuestros nombres, números de cédula de identidad, sexo e incluso nuestro domicilio.
No es primera vez que como Fundación Datos Protegidos reclamamos por esta situación, la cantidad de información disponible en una base de datos de fuente accesible al público, implica automáticamente conforme a nuestra Ley 19.628 que perdemos el control de nuestros datos. Ahora sí, cabe destacar que en esta oportunidad hay una circunstancia nueva, y es que, esta vez ya no solo aquellos que votan en Chile se ven afectados, sino también a aquellos que viven en el extranjero y que podrán por primera vez ejercer su derecho a sufragio.
En esta oportunidad volvemos a alzar la voz ya que en nuestro país no existe órgano público alguno que pueda sancionar o fiscalizar el mal uso de nuestros datos personales, mucho menos podría hacerlo contra aquellas empresas que no se encuentren dentro de la jurisdicción de nuestro país. En este sentido se hace necesario y urgente que instituciones como el SERVEL cumpla con el respeto y garantía de los principios fundamentales de nuestra Constitución, ya que, tal como hemos remarcado en un sin número de oportunidades
“las leyes deben cumplirse y dictarse teniendo en cuenta que ellas forman parte de un sistema de normas, y que como sistema se debe ponderar toda otra normativa existente como la protección de los datos y la privacidad, de manera armónica sin afectar los derechos en su esencia, respetando precisamente los límites que se establecen en otras leyes.”
En relación a esto último, el actuar de los órganos del Estado debe estar en orden a respetar, promover y resguardar nuestros derechos fundamentales, lamentablemente volvemos a ver como el Estado se limita a ignorar esto, tal como se ha conocido durante estas semanas con el cuestionado y tapado decreto que intenta modificar el reglamento de interceptación de comunicaciones presentado por la presidenta Michelle Bachelet a toma de razón, y que aumenta las capacidades de vigilancia del Estado.
Urge entonces que el Estado resguarde nuestra privacidad, y tome en consideración la importancia y peligro al que nos somete ya que, esta información nos hace vulnerables a malas prácticas de distintos actores e inclusive abre la puerta a la posible comisión de delitos en contra de nosotros. La información disponible en el sitio web del SERVEL, claramente genera más peligros que beneficios, y en este sentido el legislador no tuvo en consideración medidas proporcionadas para lograr su objetivo, legitimo por lo demás, como es la transparencia del proceso electoral.
Danny Rayman L.