Fue parte del Consejo de la Sociedad Civil de Protección de Datos Personales cuando aún era Subsecretaria de Economía Katia Trusich. Por ello, la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Romina Garrido junto con valorar la información que entrega esta encuesta, critica al Gobierno por la demora en enviar el proyecto de ley de datos personales al Congreso.
¿Qué le parecen los primeros resultados de la encuesta sobre protección de datos personales?
Es un instrumento interesante para conocer la percepción de las personas sobre sus datos, y lo que da cuenta es que a los entrevistados sí les interesa el resguardo de sus datos.
Hay una valoración por el Rut como dato personal pero no de la información como los hobbies, ¿a qué cree que responde?
Sí y no sólo eso, sino que llama la atención que las personas crean que las páginas web que acceden no es un dato personal, ni sus gustos tampoco, cuando las nuevas tecnologías recopilan precisamente este tipo de información. Esto revela que es necesario ir promoviendo este derecho. Hay una valoración importante del RUT, pero igual las personas lo entregan en todos lados.
¿Y esto es porque si no entregan esos datos no acceden a servicios o bienes?
Falta que las empresas transparenten qué es lo que hacen con esa información, y eso no está presente.
¿El problema de no conocer bien cuáles son datos personales es un tema cultural o normativo?
Es un tema cultural y normativo. La ley en cuanto a los derechos de información es muy débil, ya que una legislación sin un ente que fiscalice tanto a las empresas del Estado como privadas sobre el uso de información, no sirve. Además hay un porcentaje bastante menor de las personas que tienen conocimiento de que existe legislación al respecto.
¿Cuáles son los perjuicios como país que no se regule esta materia?
Hay varios perjuicios. Uno de ellos es hacia los derechos de las personas, ya que hoy vivimos en el ciberespacio. Nuestras relaciones, hábitos de compras, conversaciones, comercio electrónico no está protegido y eso es riesgoso. Por otro lado, no hay incentivo para que en el país se instalen algunas industrias relacionadas con el big data, las nuevas empresas tecnológicas, lo que es una desventaja. Entonces hay pérdidas por ambos lados.
Otro de los datos relevantes que detectó la encuesta es que el 71,8% de las personas piensa que las empresas acceden a su información sin su consentimiento.
Es una realidad. No es que las personas estén de acuerdo o no, sino que es lo que sucede. Y esto pasa porque es muy difícil en Chile controlar el acceso de las empresas a los datos personales, porque el consentimiento tiene muchas excepciones. Por ello, es efectivo que acceden sin permiso.
Pero también hay personas que están dispuestas a entregar sus datos para acceder a bienes y servicios.
Por un lado hay una gran percepción de que el RUT es uno de los principales datos personales, pero por otro lo entregan sin cuestionamiento.
¿Cómo se puede avanzar en un mayor autocontrol de los datos personales?
No necesariamente debe ser ley. Hoy todos debemos ser cuidadosos con nuestros datos considerando lo que ha pasado con las estafas, las suplantaciones de identidad y sobre todo cuando esto circula por la web. Se debe ir educando desde pequeños.
¿El Gobierno debería cumplir su promesa de enviar el proyecto de datos personales?
Urge que el Gobierno avance con el proyecto de protección de datos personales, pero no creo que haya mucho avance con este proyecto.