La violencia contra la mujer y contra la comunidad LGBTIQ+ es un problema a nivel mundial, cuya consecuencia más grave es el femicidio o los crímenes de odio. Internet no es ajeno a esta realidad, de hecho, comportamientos como el sexismo, homo/lesbo/transfobia y racismo llegan al llamado “mundo digital” y se amplifican, amparados en la distancia física, instantaneidad y anonimato.
Nuestra Fundación ha estado constantemente investigando acerca de la relación y efectos de la tecnología, la protección de los datos personales y la privacidad. Advertimos que existían nuevos riesgos no sólo a la privacidad, sino también a otros derechos relacionados con la explotación indebida de datos, la diseminación no consensuada de información, datos personales e imágenes en Internet, y consideramos explorar diversas formas efectivas de proteger a quienes se han visto vulnerados a través de este tipo de violencia digital, especialmente en contra de mujeres, quienes son las más expuestas junto con la comunidad LGBTIQ+. Queríamos indagar en los tipos de conductas más frecuentes de violencia en línea, y si nuestra legislación penal era una respuesta para la protección de la privacidad y otros derechos en escenarios de violencia digital.
Nuestro propósito fue contar información cuantitativa y cualitativa a través de una encuesta a nivel nacional de una pequeña muestra de grupos que habitualmente se ven más expuestos y vulnerables a ataques a través de Internet, por ello pedimos a la ONG Amaranta que colabora en este estudio, dado además la labor que realiza en este sentido. Y por supuesto, una de las líneas de análisis fue la legislación penal chilena y su capacidad para ser una herramienta eficaz ante este tipo de violencia, qué dice el derecho comparado y qué alternativas tenemos en Chile o hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para proteger los derechos que se ven afectados por esta violencia en Internet, que van desde la honra e integridad física y psíquica, como la propia imagen, intimidad y protección de sus datos personales. En este ámbito contamos con la colaboración del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado.
